Neocapitalismo: la historia continúa, el hombre tal vez no. By Ana de Lacalle

La próxima semana Focus les invita a otro monográfico: Sostenibilidad, ¿Cómo será nuestro futuro?

Las redes de apoyo social constituyen un entramado imprescindible en las sociedades reguladas por un Estado del bienestar que hace ya tiempo está en proceso de extinción. La imposición acelerada del neocapitalismo, sustentado en la globalización, ha ido reduciendo el gasto público en servicios básicos como la enseñanza, la sanidad y las rentas garantizadas para aquellos que se hallan fuera del mercado laboral. Los derechos de los trabajadores, en este último espacio, se han minimizando llegando a una situación de precariedad bastante generalizada, no tan solo en los perfiles labores menos cualificados, sino también en aquellos que constituyendo una de las generaciones más preparadas y especializadas –que parece ser lo que demanda el mercado- no disponen hasta entrada la edad adulta de los medios económicos para organizarse la vida al margen de la comunidad familiar.

Este panorama ha provocado lo que se ha denominado la dualización de la sociedad: una clase alta cada vez más enriquecida, y clases medias y bajas progresivamente empobrecidas. Por ello, durante la década de crisis económica, de la que de facto no se ha recuperado la gran mayoría de la sociedad, en el sentido de que no han recuperado su poder adquisitivo anterior, han proliferado más que nunca en el seno de la sociedad civil respuestas contundentes a necesidades básicas de una bolsa de pobreza que ha experimentado un aumento escandaloso. Cualquiera puede buscar datos fiables al respecto en la red, aunque personalmente prescindo en este artículo porque considero que balances presentados sucesivamente por Cáritas, por ejemplo, no dejan lugar a dudas.

Así, en una multitud de barrios las asociaciones de vecinos u otras entidades sociales han creado gracias a la generosidad y el voluntariado de muchos ciudadanos, comedores sociales o centros de recogida de alimentos, para subsanar los déficits que las administraciones públicas generaban con la política impuesta de austeridad –de la que habría mucho que hablar- La ocupación de viviendas vacías ha crecido a su vez y no por un revulsivo del movimiento okupa, que actúa por razones ideológicas, sino por la perentoria situación de familias que se han encontrado expulsados de sus viviendas –no menosprecio el cálculo fallido de sus posibilidades económicas cuando parecía que adquirir una vivienda en propiedad era como comprarse un caramelo- y se las ha condenado a vivir a la intemperie, como perros vagabundos. La apropiación de pisos ajenos no ha sido un acto de vandalismo, sino legítimo y de dignidad si aceptamos que nadie debería vivir en la calle. Aquí se genera el problema de qué deben hacer los propietarios de esos pisos ocupados, que fueron adquiridos con trabajo, esfuerzo, en muchos casos y de forma legal y legítima.

El problema es harto complejo, porque estamos cuestionando, en el fondo, el reparto equitativo de los bienes de producción y de la riqueza generada en un Estado, para que ni unos tengan en exceso, ni otros carezcan de los medios que por derecho les corresponderían para vivir. No es más que la ya “desfasada” opción entre capitalismo y socialismo –entendiendo este último en su sentido originario- Entrar a discurrir sobre una u otra posibilidad parece un desatino, considerando que el sistema capitalista ganó hace tiempo la contienda. No obstante, existe una responsabilidad por parte de los Estados- esos entes diluidos progresivamente en su capacidad de decidir- de la que no pueden quedar eximidos, ya que el pacto social implícito –aunque suene hoy en día también anacrónico- entre el Estado y los ciudadanos es percibido como un acuerdo entre estos por el  que, sometiéndose a las leyes que simbolizan la cesión de su poder al Estado, los ciudadanos obtienen una serie de derechos básicos, recogidos en todas las constituciones europeas, al menos, que se desvanecen en la práctica en una simple declaración de supuestas intenciones. Visto esto, la cuestión es qué obliga moralmente al ciudadano a someterse a leyes que regulan una vida social y económica injusta.

Pero, bien sabemos que las estrategias de la economía capitalista son muchas y eficaces. Entre ellas, la atomización de la sociedad en grupos corporativistas neutraliza la posibilidad de movimientos que cuestionen el sistema en sí, y aquellos que surgen resultado de una concienciación individual y posteriormente colectiva son reprimidos bajo supuestos delitos que enmascaran la auténtica voluntad de sus acciones. Está todo previsto. Fukuyama intuyó este imperialismo capitalista, aunque erró al creer que constituía el final de la historia, porque los tentáculos de este monstruo acechan por conseguir lo inimaginable gracias al dominio de la ciencia y la tecnología que se desarrollan en pro de los beneficios  económicos de los que concentran el poder económico, algo así como la voluntad de poder que para Nietzsche era ciega porque carecía de objeto, en el sentido de su despliegue es el único fin.