Constituye un espumarajo de habitual circulación la creencia según la cual, supuesto que vivimos en un Estado de derecho, todo cuanto se haga bajo su nobilísimo paraguas (esto es, pretextando su nombre) debe considerarse indefectible y acríticamente atinada manifestación de su señorío. Vaciar de sentido una palabra no es por de pronto tarea fácil y mucho menos de inmediata consecución; pero, una vez convertida en un mero título que, esgrimido a diestra y siniestra, a nada o a casi nada compromete, una vez admitidas como generales la vaguedad y la imprecisión, no es en absoluto de extrañar que no haya límite o coto que pueda ponérseles, máxime cuando el vulgo (como tal se trata a los ciudadanos, y ellos tan pichis) se embaúla la farfolla y la gallofa de folicularios y politicastros con una voracidad que ya quisieran para sí las limas.

Estado de derecho no es situación fáctica que en caso alguno pueda darse por descontada; y no lo es porque, en cuanto denominación conceptual vertebradora del ámbito jurídico-político, ante todo constituye una exigencia de iure, cuya realización fáctica pasa por la averiguación de hasta qué punto y en qué medida lo conceptualmente exigido se aviene o no con una u otra determinada situación empírica. Por tanto, que estemos viviendo o no aquí y ahora en un Estado de derecho no puede funcionar como presuposición u obviedad, sino que debe ser, siempre y en todo caso, aquello que “aquí y ahora” se examine y ponga en tela de juicio. No se trata de que, porque suponemos que esto es un Estado de derecho, todo cuanto en adelante tenga lugar ejecutiva o legislativamente haya de quedar justificado con arreglo a dicha suposición, sino más bien de lo siguiente: se trata de que, si esto debe ser un Estado de derecho (si queremos que lo sea), entonces hay que confrontar de continuo la situación empírica particular con las exigencias inherentes a la forma jurídica misma.

Mientras los acontecimientos simplemente marchan, en tiempos de bonanza y de alternancia bipartidista o tripartidista, es relativamente fácil que no se le vean las costuras al sistema; es relativamente fácil alimentarse de deformaciones caricaturescas y aceptar indolentemente la pérdida de significado de las palabras. El estado de guerra se asume e incluso se bendice si viene rebozadito de anestésicos, lenitivos o encandiladores fuegos de artificio. En una coyuntura como la presente, pudiera pensarse (y de hecho muchos piensan) que el buen funcionamiento sistémico se ha interrumpido de súbito tan solo hasta que pueda volverse a la normalidad, y que la suspensión de garantías obedece a puntuales causas de fuerza mayor. Sin embargo, la falta de aprovisionamiento de medios de profilaxis sanitaria, la desatención de los contagiados, la carestía general de recursos para combatir la pandemia, la ausencia de pruebas de detección para toda la ciudadanía, la prolongada exposición a un virus letal por parte del personal sanitario, ostensivamente indefenso ante un panorama de mortandad desbordante, la propagandística ocultación mediática y política de todo ello, etc. no solo alumbran la constatación perogrullesca de que el Estado se está viendo materialmente sobrepasado por circunstancias insólitas, sino que arroja una inquietante luz retrospectiva sobre la pax augusta que esmaltaba nuestra vida antes de la irrupción del virus: el que ahora salte a la vista que el poder sedicentemente capaz de garantizar en verdad no está en condiciones tales revela que de hecho no lo ha estado nunca (que el salvarse dependa no de las garantías que ofrece el sistema, sino del poder adquisitivo, la extracción social o los contactos que uno haya ido coleccionando con los años pone de manifiesto una juridicidad ausente o inconsistente); que hasta la fecha le hayamos presupuesto una incuestionable e incontrovertible naturaleza garante no es sino el reflejo de que nos hayamos habituado a vivir pateando y escarneciendo las palabras, porque lo cierto es que ya antes, mucho antes, resultaba visible que ni el Estado-nación ni el sopicaldo supranacional europeo encarnan empíricamente la figura jurídica del Leviatán. Pluralidad de Estados implica por lo pronto pluralidad de poderes independientes entre sí, es decir, pluralidad de poderes tales que, en contexto de enfrentamiento internacional (esto es, entre los diversos poderes existentes), puedan medirse unos con otros. Eso hoy no parece que lo haya, ni siquiera a escala supranacional europea.

Quién está actualmente en condiciones de encarnar el poder civil es cuestión empírica de contornos manifiestamente difusos; en cambio, que ni España ni sus diecisiete cantones ni el contubernio de la Unión son más que figurantes que encubren el desvalimiento y la precariedad, el estado de guerra subyacente y cada vez más descollante, es algo que sin duda admite discusiones de matiz (todo lo pormenorizadas que se quiera), pero no de fondo. Lo asumamos o no, estamos al raso. Nuestro tiempo es el despacioso tiempo de la pudrición. Es incluso harto probable que quienes hoy sufrimos la pandemia no vivamos lo suficiente para presenciar el fin del mundo moderno (que, quién sabe, acaso coincida con el fin de la vida mortal planetaria tal y como se nos ofrece hodiernamente); la progresiva descomposición de la Modernidad puede durar todavía uno o dos siglos, incluso más; con todo, cuanto de hoy a entonces tenga lugar pertenecerá ineluctablemente a los signos empíricos de la finitud estructural del mundo que nos ha tocado en suerte. Seguimos siendo, ya lo dijo Nietzsche, últimos hombres. Y así hasta que empiece a ser cierto (a saber: claro y distinto) lo contrario.