Pandemia 03 – LA PANDEMIA COMO EXCUSA: THE BIG BROTHER IS WATCHING YOU.

Desde que la tragedia del COVID19 comenzó a llamar a nuestras puertas con su mensaje de muerte, secuelas y desolación, desde ese momento, se comenzó a plantear la posibilidad de imitar a Corea del Sur en la lucha contra la pandemia. Mientras en España los contagios se multiplicaban sin control, en Corea del Sur, apenas tenían. El gran truco de los coreanos, al parecer, fue utilizar una aplicación del móvil para el rastreo de contagios.

El funcionamiento es bien sencillo: se descarga la app y en ese momento se da de alta tu teléfono en una inmensa base de datos. Si tú o alguno de tus contactos se ha contagiado, y se comunica a la app, el sistema hace un cruce y detecta quién o quiénes están en riesgo de contagio, al hacer seguimiento del móvil.  Pero es que el papel lo soporta todo.

Desde ese instante las autoridades españolas comenzaron a barajar la posibilidad de imitar a los surcoreanos. Al mismo tiempo que intentaban concienciar a la población de que la app no era intrusiva, ni lesiva con los derechos de los españoles, encargaron su desarrollo y se estrujaron la única neurona para bautizarla con el nombre de RADAR COVID.

A pesar que desde el propio gobierno, se insistía en que la descarga de la app y la participación en el proceso, eran totalmente opcionales, la idea no terminó de encandilar a los españoles. Eso de que el gobierno sepa en cada momento dónde estás y qué es lo que haces, la verdad, es que da un poco de “yuyu”. Además, en el momento de su implantación dio demasiados problemas de funcionamiento y había CCAA en donde directamente, no funcionaba.

Si yo me descargo una APP en mi móvil, ¿quién es el autor de ese software? ¿Quién se hace responsable del fichero en el que se van a guardar los datos? ¿Cuánto tiempo se van a guardar? ¿Estarán a salvo de hackers? ¿Quién lo garantiza? ¿Tendré de verdad, el derecho de acceso, revocación y denegación? ¿Qué pasa cuando se termine la pandemia y se logre vencer al COVID? ¿Quién me asegura que a ese fichero no se van a añadir toda clase de datos de salud sin mi consentimiento expreso? ¿Quién me asegura que las empresas no tendrán acceso a ese fichero para decidir contrataciones o despidos? ¿Quién me asegura que no voy a ser objeto de seguimiento geo posicional con la excusa de prever posibles contagios?

Y es que, al margen de las suspicacias personales que pudiera levantar su implantación, surgieron, además, algunas dudas de tipo legal.

El abogado D. Antonio Vasco Gómez ([1]), nos apunta algunos aspectos técnicos legales de la cuestión:

“Uno de los grandes caballos de batalla legales antes de la irrupción del famoso coronavirus ha sido la implementación y desarrollo del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos. En adelante: RGPD) y su coordinación en nuestro país con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDP)”.

“Contra este criterio -garantista, si se quiere- han surgido autores con ideas más pragmáticas, anteponiendo el Derecho a la Vida y a la Salud sobre el Derecho a la Protección de Datos (arts. 10; 15; 17 y 43 de la Constitución, en adelante “CE”), alegando no sólo lo prevenido en una larga serie de disposiciones legales que no voy a detallar, sino al propio contenido del RGPD y de la LOPDP”.

Y continúa:

“la propia presidenta de la Autoridad Europea de Protección de Datos (EDPB), señala que: “Las reglas de protección de datos (como GDPR) no obstaculizan las medidas tomadas en la lucha contra la pandemia de coronavirus. Sin embargo, me gustaría subrayar que, incluso en estos momentos excepcionales, el controlador de datos debe garantizar la protección de los datos personales de los interesados. Por lo tanto, se deben tener en cuenta una serie de consideraciones para garantizar el procesamiento legal de los datos personales.

En el comunicado emitido por dicho organismo se recuerda que tanto los empleadores como las autoridades competentes en materia de salud pública pueden procesar datos personales en el contexto de epidemias, sin la necesidad de obtener el consentimiento del interesado (art. 6 y 9 del RGPD).”

Dicho en román paladino: Por mucha Ley de Protección de Datos, española, europea o de quien sea, las medidas que se adopten con el objetivo de controlar el contagio del COVID, tienen prioridad, y no entran en conflicto con dichas normas, siempre que se cumplan una serie de requisitos.

Y como siempre sucede, es en esta frase donde radica el quid de la cuestión. Porque por mucho interés que se ponga en definir los requisitos, luego está la necesidad de ver quién comprueba que dichos requisitos se cumplan. Por ejemplo, se habla de que los datos que se tratarán serán anónimos referentes a la ubicación, salvo cuando sea imposible. (Esto me recuerda a las discusiones en el VAR de las manos dentro del área, que unos pitan penalti y otros, no.)

Es decir, se estaba intentando establecer una medida semi coercitiva como es la de implantar un control y seguimiento de personas, – que va en contra de la libertad de movimientos en todo país democrático-, al tiempo que se pretendía seguir respetando las libertades del individuo en una democracia. La cuadratura del círculo.

Sin duda alguna, las suspicacias individuales junto a un conglomerado ininteligible de normas y leyes que parecen que se adaptaban de modo sospechoso en función de las necesidades de la pandemia, contribuyeron a que el índice de penetración de la app española fuera escasamente del 17% en la población.

Pero esta situación no fue exclusiva de España. Muchos gobiernos de la UE se mostraron partidarios de implantar soluciones tecnológicas a fin de controlar la extensión de la pandemia. A la vista de los escasos resultados obtenidos en Europa, cabe preguntarse qué incidencia ha tenido esta medida en cuanto a evitar contagios y salvar vidas.

Esta es la lista de países y las diferentes soluciones adoptadas:

PaísAplicaciónInteroperabilidad: ¿es potencialmente interoperable?Interoperabilidad: ¿puede comunicarse ya con otra aplicación?*
AustriaStopp Corona AppSí
BélgicaCoronalertSí
BulgariaNo está previsto desplegar una aplicación de rastreo de contactos.
CroaciaStop COVID-19Sí
ChipreCovTracerSíNo
ChequiaeRouškaSíNo
DinamarcaSmittestopSí
EstoniaHOIASíNo
FinlandiaKoronavilkkuSí
FranciaTousAntiCovidNoNo
AlemaniaCorona-Warn-AppSí
GreciaSe está desarrollando una aplicación de rastreo de contactos.Sí
HungríaVirusRadarNoNo
IrlandaCOVID TrackerSí
ItaliaImmuniSí
LetoniaApturi CovidSí
LituaniaKorona Stop LTSíNo
LuxemburgoNo está previsto desplegar una aplicación de rastreo de contactos.
MaltaCOVIDAlertSíNo
Países BajosCoronaMelderSí
NoruegaSmittestoppSí
PoloniaProteGO SafeSí
PortugalStayAway COVIDSíNo
RumaníaRumanía está explorando el desarrollo de una aplicación de rastreo de contactos.SíNo
EslovaquiaSe está desarrollando una aplicación de rastreo de contactos.
Eslovenia#OstaniZdravSí
EspañaRadar CovidSí
SueciaNo está previsto desplegar una aplicación de rastreo de contactos.

Mientras Bruselas contactaba con un operador por país, entre los que estaban, además de Telefónica, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Teleno, Telia y A1 Telekom Austria, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, intentaba tranquilizar a todas las partes afirmando: “La Comisión no comprometerá la privacidad de nuestros ciudadanos. Actuará como controlador de los datos y garantizará su uso adecuado”.

Según Bruselas, la operación entraba dentro de las previsiones de la directiva ePrivacy y el Reglamento Europeo de Protección de Datos personales, una normativa que permite determinadas excepciones en la recogida de información en base a situaciones de emergencia en el terreno de la salud pública.

El código QR en los establecimientos.

Los establecimientos de restauración, grandísimos afectados en esta pandemia, intentaron encontrar una vía de escape al cruel destino que se les había abierto por delante y contribuyeron con una idea: establecer un código QR para las personas libres de contagio, de forma que, al entrar en un local, sólo lo hicieran aquellos que estaban “libre de pecado”. La preocupación es comprensible en ese sector, pero las cuestiones que suscita una medida así, básicamente, son las mismas que las planteadas hasta ahora. Con la diferencia en este caso, que los datos no están bajo la cobertura de un gobierno, una autoridad, un organismo oficial, sino de algo más difuso, como unas empresas que han desarrollado distintos softwares que, en definitiva, es lo que maneja el código QR.

Bien. Hasta aquí lo que se decía hace un año. Las buenas intenciones de las autoridades que intentaban convencer a los ciudadanos de que sus derechos inalienables de libre circulación, de libertad y de no estar bajo vigilancia perpetua, serían garantizados, quedaban patentes. Nunca han explicado cómo, lo cual, no ha sido de gran ayuda a la hora de que los europeos sigamos recelando de sus auténticas intenciones o del aprovechamiento que pudieran obtener las compañías de telefonía posteriormente. ¿Cuándo se terminaría el control? ¿En qué momento? ¿Quién ordenaría que terminase? ¿Quién definiría el fin de la pandemia?  ¿Habría fecha límite? Y las compañías, ¿quién iba a verificar que eliminarían todos los registros obtenidos como consecuencia de las medidas extraordinarias por la pandemia? Demasiadas dudas, demasiadas preguntas, demasiadas sospechas.

Pero hete aquí que un año después, en una entrevista realizada por Antena3 a la inmunóloga Margarita del Val, ésta realiza una afirmación realmente sorprendente que ha pasado totalmente desapercibida para la mayoría. Afirma que “se sigue la movilidad, de una manera anónima …de los móviles y que así se puede predecir el comportamiento del virus”. Ver la entrevista completa en el siguiente enlace:

https://www.antena3.com/noticias/salud/la-dura-advertencia-de-margarita-del-val-todos-podemos-ser-contagiosos-aunque-estemos-vacunados-o-hayamos-pasado-el-coronavirus_20210228603c112f6716f0000107e8bc.html

Pensemos bien y pensemos, por un momento, que Margarita del Val se estaba refiriendo exclusivamente al uso de la app española, RADAR COVID.

Atendiendo a estos datos oficiales, sólo el 17% de la población utiliza la aplicación. No sabemos si en esta estadística se contabilizan los que simplemente se la han descargado, pero no comparten su estado de salud, o están incluidos los que hacen un uso total de la misma. En cualquier caso, 7 millones de personas en relación a 47 millones de españoles, es poco.

Por otro lado, en España hay 44 millones de líneas telefónicas de móviles, con lo cual, de nuevo, la cifra de 7 millones resulta escasa.

Entonces, ¿por qué presumía Margarita del Val de que se estaba haciendo un control y seguimiento de los individuos a través del móvil? ¿Se refería a otro tipo de control, no contemplado en la normativa? ¿Tal vez aquellos que albergaban sus dudas con respecto al uso que se podría hacer de esta tecnología han visto cumplidos sus temores? ¿Puede alguien sentirse orgulloso, a la vista de las estadísticas de mortalidad en España, con respecto a la implementación de una herramienta tecnológica cuyos frutos son, al menos, discutibles?

En este sentido, Jaume Masdeu ([2]), menciona que países como China, Corea o Singapur realizaban seguimientos a sus ciudadanos para ver si cumplían el confinamiento.

En Austria, Italia o el Reino Unido ya se realizaron estudios estadísticos a partir de datos de telefonía móvil, no sin cierta polémica. En Italia se supo, por ejemplo, que el 40% de los ciudadanos de Lombardía (la región más afectada por la pandemia) seguían desplazándose regularmente pese al decreto de confinamiento, una información obtenida a través de la geolocalización de sus móviles. Las autoridades advirtieron que algunos movimientos eran por motivos laborales, autorizados, pero también había muchos otros por razones superfluas.

El supervisor europeo de protección de datos ha confirmado la validez de la iniciativa, dado que la legislación es suficientemente flexible para permitir usar medidas de este tipo. “Datos efectivamente anónimos caen fuera del marco de las reglas de protección de datos”, indica Wojciech Rafał Wiwioroksk, que añade que la agregación de los datos es una garantía adicional.

¿Dónde están esas garantías que se ofrecieron en su momento? Siempre se dijo que el seguimiento y control serían con el permiso de los ciudadanos y en todo caso, sería una opción y no una obligación. ¿Hasta qué punto son realmente anónimos? ¿Quién controla que sea así?

Todas estas cuestiones planteadas aquí acerca del control de los ciudadanos, no deberían caer en un saco roto. Tecnológicamente, es mucho más que posible realizarlo y lo más preocupante es el uso que se puede dar a esa información.

Las sospechas de que, tras las buenas intenciones de un gobierno por controlar la posible expansión de un virus, se esconda una intención perversa de control ilegal de la población, es una idea que no debiera caer en el desprecio, la burla o el olvido. Sobre todo, teniendo en cuenta que, en España, tenemos un partido en el gobierno que es marxista y con inequívocas intenciones de dominar y controlar RTVE, el CNI y la prensa, entre otros. Ya se usó en su día el famoso «carnívoro», un software que espiaba las comunicaciones de millones de individuos y que buscaba términos que pudieran ser parte de conversaciones entre supuestos terroristas. Sin olvidar a Edward Snowden, refugiado político en Rusia, por desvelar los abusos que en este mismo sentido, él fue testigo de cómo se producían.

Me parece una idea asumible que, en caso de tener que viajar a ciertos países (o a todos), se establezca la norma de tener que presentar el resultado de unos análisis de PCR o de lo que en ese momento se estime conveniente. De hecho, algo similar se hace cuando uno va a países con ciertas enfermedades endémicas y antes de viajar se pone una vacuna para prevenirlas, pero eso es algo muy diferente a establecer un pasaporte, un registro único y sus consecuencias. ¿Quién se responsabilizaría en caso de error?

Al Gran Hermano cuantos menos datos, mejor. Se pueden compaginar perfectamente la seguridad sanitaria y la libertad, si necesidad de sacrificar la segunda por la primera.


[1] Jaume Masdeu – Corresponsal de “La Vanguardia” en Bruselas


[2] Antonio Vasco Gómez – Abogado en ejercicio del ICAS y doctorando en Derecho Procesal por la Universidad Pablo

de Olavide

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