La propiedad privada en España.

Aunque el tema de los okupas ya lo he tratado aquí hace unos meses, ahora quiero volver sobre él, pero desde otra perspectiva. Se trata de la falta de consideración del gobierno hacia la propiedad privada, algo que, en otros países de nuestro entorno, es sagrado. Hasta tal punto esto es así, que una norma anti-okupa, que permitía el lanzamiento en todos los casos en los que hubiese delito, aprobada en diciembre de 2020, fue modificada por el gobierno al ser publicada en el BOE, matizando: “que no se podrá expulsar a los okupas de una vivienda cuando la entrada en la misma se haya producido sin “intimidación o violencia”.

Aparte de constituir una falta total de ética la de transgredir un acuerdo, que se va a convertir en ley, en la práctica, este párrafo convierte en papel mojado dicha medida pues, en el fondo, todo el mundo sabe que cuando se okupa una vivienda, no lo hacen con los propietarios dentro, lo cual es lo mismo que afirmar que cualquiera puede entrar en una casa y ejercer de okupa.

Esta complacencia con los delincuentes resulta tanto más llamativa cuanto proviene de un gobierno supuestamente democrático, de un país europeo, al tiempo que representa un desprecio absoluto por el respeto a la propiedad privada.

Esta política de la ocupación de viviendas vacías y del llamado “problema habitacional”, proviene del socio de gobierno del PSOE, que abiertamente alienta, promueve y anima a que los individuos que tengan dificultades para sustentarse, puedan, amparados por la ley, usurpar los derechos del propietario de la vivienda. Se trata, como ya apunté en su día, de percibir al propietario como un desalmado, un ser egoísta y obsesionado por la acumulación de riquezas, que prefiere dejar en la calle a unos pobres necesitados, sin que ello haga mella en su conciencia. La realidad es bien distinta, pero, en cualquier caso, si desde los poderes públicos se tiene el deseo verdadero de acometer este “problema habitacional”, hay otros medios. Uno de ellos es el de construir viviendas protegidas para personas especialmente vulnerables. Irían en los Presupuestos Generales del Estado y eso sí sería social, pues lo pagaríamos todos. De esta forma, es una especie de lotería el hecho de que entre en tu casa o en la del vecino un okupa, creando un problema legal y de convivencia vecinal, que no se termina cuando al fin se consigue echar al delincuente. Eso, aparte de que al propietario se le plantea el problema de ver dónde vive, porque en ocasiones las viviendas están siendo utilizadas por sus legales usufructuarios.

Sin embargo, este gobierno ha optado por denostar a los propietarios de las viviendas vacías en vez de defender la propiedad privada. Son muchas y muy variadas las razones por las que una vivienda puede estar vacía o supuestamente vacía, pero, en cualquier caso, lo que jamás puede suponer un atentado contra dicha propiedad, es la promulgación de una ley. Hay que tener en cuenta que, en España, tienen fijada su segunda residencia miles de extranjeros, a los que conocer este tipo de cosas y las soluciones que adopta el gobierno, puede hacer que se lo piensen dos veces y emigrar a otros lugares donde no se atente contra la propiedad individual.

Todo este embrollo se basa en la particular interpretación, desde un exclusivo punto de vista ideológico marxista, del Artículo 47 de nuestra Constitución:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Y del verbo “promover” estos genios han inferido que lo que había que hacer era “expropiar”. Y efectivamente, así lo han hecho, por ejemplo, en Mallorca, donde la presidenta de la Comunidad ha expropiado una serie de viviendas, supuestamente de algún fondo de inversión, pero entre las que, al parecer, figura algún particular extranjero, que le compró la vivienda a su anterior dueño, un taxista.

Otra ramificación de este problema es la intención casi permanente de intervenir en el mercado del alquiler de viviendas. Es decir, es más que patente que este gobierno pretende inmiscuirse tanto en el mercado de la propiedad privada de viviendas y locales, como en el del alquiler, lo que representa un peligro no ya para los españoles, sino para todos los extranjeros que disfrutan de su segunda residencia en España.

Es tal la preocupación que esta política ha suscitado que, recientemente, se ha realizado un estudio sobre la propiedad privada en España en comparación con otros países.

(fuente: Libremercado.com)

La propiedad privada está bajo ataque en España. En el ámbito de la vivienda, proliferan las ocupaciones ilegales o las expropiaciones de uso. En el plano fiscal, se refuerza una fiscalidad sobre la propiedad inaudita en el resto de Europa. Pero, ¿hasta qué punto estamos peor que los países de nuestro entorno? La mejor forma de responder a esta pregunta es acudir al Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP), una publicación anual de la Property Rights Alliance que divulga en España el Instituto de Estudios Económicos. Esta medición toma en consideración tres grandes variables de estudio: el entorno legal y político, la protección de la propiedad física y la salvaguardia de la propiedad intelectual.

A partir de estas tres categorías de estudio, el estudio asigna a cada país una calificación de 0 a 10 puntos. Asignando 100 puntos a la nota media de los países de la OCDE, vemos que los mejores resultados de la tabla son para Finlandia (120,2 puntos), Suiza (119,9 puntos), Nueva Zelanda (117 puntos), Japón (116,1 puntos) o Australia (116,1 puntos).

Un resultado preocupante.

En cambio, en el caso de España vemos que nuestro resultado nos relega a la zona baja de la tabla. Figuramos, pues, entre los países de la OCDE que peor protegen la propiedad privada, con una nota de 91,7 puntos que nos coloca a la altura de Lituania.

Si desglosamos la calificación la calificación que recaba nuestro país, podemos ver que la peor nota de todas es la referida al entorno legal y político (6,1 puntos), aunque tampoco estamos mucho mejor en lo tocante a la protección de la propiedad física (6,8 puntos) o la salvaguardia de la propiedad intelectual (6,9 puntos).

Lo peor de todo es que la nota recabada por nuestro país no experimenta mejoras netas desde hace más de doce años, lo que refleja un claro deterioro en comparación con otros países donde sí se aprecia un mayor celo por la protección de la propiedad.

El informe recalca que los países con mejor calificación en el informe tienen también un PIB per cápita mucho mayor que los que reciben una peor nota (57.908 dólares en el caso de los primeros, 3.608 en el de los segundos). Además de esta fuerte correlación (0,8 puntos sobre 1), se observa también un vínculo muy poderoso entre la protección de la propiedad y la inversión (0,7 puntos sobre 1), la libertad económica (0,7 puntos sobre 1) y la competitividad económica (0,9 puntos sobre 1).

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