La jubilación que viene.

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CONCEPTOS CLAVE:

Jubilación anticipada (penalizaciones)

Años de cotización contemplados

Edad de jubilación real vs teórica

Esperanza de vida

Revalorización (IPC?).

Curva demográfica

Desempleo

Déficit del sistema de pensiones (SS vs Estado)

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Desde hace varios años el tema de las pensiones en España viene ocupando día sí y día también, páginas en los periódicos y horas en los telediarios. Y es que no es para menos.

Durante más de un año, los jubilados de Bilbao, se han estado manifestando todos los lunes demandando unas pensiones dignas que, como mínimo, deberían alcanzar los 1080€.

Y aquí pronto empezamos con los matices.

¿Qué significa una pensión mínima? Pues de ahí parten toda una lista de cuestiones que se mencionan al comienzo. Todos esos son conceptos que, de una u otra forma, son parte de la ecuación a la hora de calcular las pensiones y de resolver el problema de su supervivencia.

Existe la creencia generalizada que las pensiones se consiguen en base al dinero que el trabajador ha ido aportando a la Seguridad Social y que cuando le llega su hora – la de jubilarse, no la otra – lo único que tiene que hacer el estado es “devolverle” su dinero. Craso error. A este sistema se le denomina de “cuentas nocionales” y en España no funciona así.

La realidad es que los trabajadores en activo y sus empresas, con sus aportaciones a la Seguridad Social, lo que van posibilitando es el pago de las pensiones de los que se van jubilando. Y hago hincapié en lo de trabajadores activos, porque la supervivencia de esta pirámide, se basa en el empleo, en que haya mucha gente trabajando y menos recibiendo una pensión. Y esto, tampoco es así.

Por lo tanto, existe la hipótesis de que cuando le llegue la edad de jubilación a un trabajador actual, pudiera darse el caso de que no hubiera fondos. Y eso es lo que preocupa, que no parece existir una solución fiable que las garantice en el futuro.

Al comienzo, he confeccionado una lista con algunos de los temas que deben tenerse en consideración. Pues bien, en España tenemos todos esos problemas que se mencionan al inicio:

  • Un envejecimiento de la población, a lo que hay que añadir el aumento progresivo de la esperanza de vida.
  • Un nivel de desempleo desorbitado, lo que provoca que prácticamente haya casi un trabajador por cada jubilado, que es casi lo mismo que decir, que cada jubilado va a la espalda de alguien.
  • El desequilibrio en las cuentas, parece evidente. Si los ingresos a través de las aportaciones de los trabajadores, disminuyen porque hay menos trabajando, el Estado tiene que seguir pagando las mismas pensiones y las que se vayan produciendo. Y no hay otra alternativa a corto plazo que reducir, o la cuantía de las pensiones, o el número de pensionistas, o ambos. Lo de crear millones de puestos de trabajo estable, para romper el círculo vicioso, parece que no saben.

Penalizar las jubilaciones anticipadas, incluso en el caso de que dichas jubilaciones hayan sido forzosas, es otro truco del Estado para pagar menos y supone una auténtica traición.

  • Modificar el período de cotización, es otra trampa con el mismo objetivo.
  • Alargar la vida laboral. Esta es, con mucho, la más inviable de todas y la que demuestra con absoluto descaro las intenciones del gobierno. Hablar de alargar la vida laboral, no tiene ningún sentido por dos razones fundamentales:
  1. Una inmensa mayoría de personas no pueden jubilarse a la edad que les corresponde porque antes son expulsados del mundo laboral. A éstos, además de haber sido expulsados y obligados a jubilarse, se les aplica los coeficientes de reducción por jubilación anticipada, como si la decisión hubiera sido libremente adoptada por ellos. Algunos, son capaces de convertirse en autónomos e incluso salir adelante, pero no todos lo consiguen.
  2. Hay profesiones en las que resulta inimaginable prolongar la vida laboral del individuo: albañiles, mineros, conductores de autobús, mudanzas, chóferes, etc. Por el contrario, hay otras profesiones en las que los trabajadores pueden jubilarse legalmente antes que el resto y no son por ello penalizados. Los maestros, por ejemplo, pueden jubilarse a los 60 años y tienen el 100% de la pensión que les corresponda. A los mineros, se les ha jubilado con 52; los bancos diseñan EREs para prejubilar con esa misma edad. Un médico, un oficinista, un arquitecto, incluso un actor, podría continuar trabajando, pero no todo el mundo está en disposición de hacerlo.

Pero todas estas medidas y otras, son sólo parches que intentan taponar las numerosas vías de agua del barco. Lo que parece claro es que hay que tomar medidas urgentes, drásticas, de calado, y con visos de pervivencia en el futuro y que, al mismo tiempo, supongan un sistema económicamente sostenible para el país.

Aquí, algunos ejemplos del desojo de la margarita de las pensiones y las diferentes trampas que se van inventando:

13/04/2021

Escrivá propone pagar hasta 12.000 euros por año de jubilación aplazada

El ministro centra en los sueldos altos la penalización del retiro anticipado incentivos para retrasar la jubilación como un pago único de entre 4.700 y 12.000 euros por cada año de demora, así como modificar el sistema de penalización para los trabajadores que voluntariamente quieran jubilarse de forma anticipada, donde castigarían sobre todo a aquellos con salarios más altos.

El ministro justificó este nuevo modelo, clave para acercar la edad efectiva de retiro a la edad ordinaria, alegando que un tercio de las jubilaciones anticipadas se producen en “pensiones superiores a 2.100 euros”

01/07/2021

“El aumento de la esperanza de vida y la inminente jubilación de la generación del baby boom podrían disparar el déficit hasta el 6% del PIB. Si no contenemos el gasto, es necesario encontrar vías para financiarlo”.

3/07/2021.

La generación del baby boom deberá elegir entre soportar «un ajuste pequeño» en sus prestaciones o «trabajar algo más.

Vincular la subida al IPC y no al índice de esperanza de vida.

([1]) El denominado factor de sostenibilidad iba a entrar en vigor antes del 1 de enero de 2023, aunque ahora mismo este proyecto se ha suspendido.

Pero, ¿qué es el factor de sostenibilidad de las pensiones? Fue introducido en 2011 y se define como una manera de ajustar las pensiones de jubilación según la esperanza de vida de cada beneficiario. Se aplicaría una sola vez automáticamente -cuando se realice el cálculo de la prestación-, siendo un aspecto importante para determinar el importe que finalmente se va a cobrar.

Su objetivo final sería mantener la viabilidad del sistema de pensiones en España y el equilibrio financiero, en aras del Factor de Equidad Intergeneracional. 

Las personas que comiencen a cobrar la jubilación con factor de sostenibilidad incluido, si este se llega a aprobar, percibirán tras jubilarse una cantidad algo menor de lo que les correspondería.

El factor de sostenibilidad de las pensiones está íntimamente relacionado con una realidad: que cada vez vivimos más.

Y, en consecuencia, el pago de las mensualidades de un jubilado se puede alargar muchos más años. Por ello, puede llegar a disminuir a partir de 2023, aunque en la actualidad el proyecto se encuentra paralizado.

Entonces, ¿cómo atacar un problema tan complejo, con tantas variables y tan diferentes?

Pues la solución, a mi entender, pasa por alterar notablemente el actual estado de cosas, pero que el paso previo, sería abandonar las doctrinas sectarias ideológicas. Hay que abrir la mente y no ceñirse a ideología partidista y menos que ninguna, la comunista.

  1. Hay que migrar a un sistema mixto de pensiones, público-privado, como hay en otros países.
  2. En ese caso, hay que determinar los porcentajes de uno y otro.
  3. Hay que determinar a quién va a comenzar a afectar.
  4. Hay que generar empleo sostenible y con salarios dignos.
  5. El sistema de pensiones debe ser sostenible.
  6. las pensiones españolas están entre las menos sostenibles de Europa

A continuación, incluyo un artículo en el que se comparan los diferentes tipos de jubilaciones y pensiones que hay en distintos países de Europa.

([2])   Los pensionistas que se manifiestan en España piden que sus pensiones se indexen al IPC para no perder poder adquisitivo.

Existen otras fórmulas como indexarlas al crecimiento de los salarios, una variable que se incluye en las fórmulas que usan en Alemania, Suecia o Noruega. 

España se sitúa en el puesto 23 de 32 países analizados en el ‘Melbourne Mercer Global Pension Index’ elaborado por Mercer, que mide viabilidad financiera, la suficiencia y la gestión gubernamental.

Este año (2018) se ha lanzado la décima edición del Melbourne Mercer Global Pension Index, que revela qué países están mejor preparados y cuáles están en peor posición para superar este desafío. Este índice, que analiza 34 sistemas de pensiones, muestra que Holanda y Dinamarca -con puntuaciones de 80,3 y 80,2, respectivamente- ofrecen sistemas de pensiones de Grado A mundial con buenos beneficios, lo cual demuestra claramente su preparación para el futuro envejecimiento de la población mundial.

En los Países Bajos existen dos patas fundamentales. Una es la pensión básica bajo sistema reparto de cuantía fija que cubre el 30% del salario medio y la otra un sistema de planes de empleo capitalizados que cubren el 70% restante. En esta segunda pata los trabajadores y empresarios realizan aportaciones obligatorias a fondos de pensiones privados que prometen financiar una pensión final fijada en un nivel específico. Cuesta mucho financiarlo (en términos económicos) pero tiene la ventaja de ser extremadamente generoso: junto con sus pensiones estatales, muchos trabajadores holandeses disfrutan de los mismos ingresos que tenían mientras trabajaban cuando se jubilan.

Francia tiene un sistema de pensiones que está controlado básicamente por el Estado, sindicatos y patronal. La pensión media es de unos 1.090 euros.

Pero el sistema tiene un déficit creciente que, según las estimaciones del organismo asesor COR designado por el gobierno, alcanzará el 0,4% del PIB para 2022. El presidente Emmanuel Macron es el último de una larga lista de líderes franceses que presionan para reformar un sistema deficitario.

El caso de Alemania: la pensión estatal se calcula por el número de años trabajados, la edad y los ingresos, y muchos alemanes eligen completar esa pensión (que suele ser escasa) con pensiones privadas o de empresa. Incluso así, el trabajador medio solo puede esperar recibir una pensión por valor del 50,6% de su último sueldo al jubilarse (tasa de reemplazo), mientras que la media de la OCDE es de alrededor del 63%. Además, ante al envejecimiento de la población, los fondos de pensiones alemanes se podrían enfrentarse a dificultades en los próximos años.

En Reino Unido la pensión estatal obligatoria solo representa el 29% de los ingresos medios de un trabajador contabilizando su vida laboral completa (lo que rebaja la pensión final). Esta pensión es la menos generosa de los países desarrollados. El gasto en pensiones estatales en el Reino Unido aumentó desde el 3,9% del PIB en el año 1986 hasta el 4,6% en 2017, cifra que se encuentra muy por debajo de la media de la OCDE que está en el 8,2%. Aunque la pensión estatal aumentará en los próximos años, los jubilados del Reino Unido continuarán dependiendo de los planes privados y de capitalización, mientras que muchos pensionistas se enfrentarán a la pobreza, según publican desde la agencia británica Reuters.

El sistema de pensiones en Dinamarca cuenta con una pensión pública muy pequeña que está complementada por una pensión privada. La pensión pública básica supone alrededor de un 16% del salario medio y sólo se puede acceder a la misma a los 67 años. La gran pata de este sistema es de capitalización (cada trabajador aporta a su propia pensión, frente al de reparto, donde los trabajadores en activo pagan la pensión a los jubilados) que se basa en esquemas administrados por el gigante de los fondos ATP. Los trabajadores obtienen al final una tasa de reemplazo del 86%. 

El sistema de Portugal es muy parecido al de España, donde predomina un sistema de reparto financiado por la Seguridad Social. Los jubilados portugueses se encuentran entre los que menos pensión tienen de Europa, ya que apenas cobran una media de 434 euros mensuales, y no pueden jubilarse antes de los 66. Sin embargo, son los europeos que más tarde se jubilan en la práctica, a los 69 años, lo que les sitúa más cerca de países como Israel, Corea o México, y les aleja de sus socios comunitarios (65 en Suecia, 63 en Alemania, 62 en Grecia o 60 en Francia).

En Italia se ha producido un fuerte incremento de la pensión mínima en los últimos años. En 2019 el nivel se encuentra en 669 euros mensuales, pero no hay tope para las pensiones máximas, un caso excepcional en el contexto europeo. No obstante, esto se debe a que el sistema de Italia está basado las conocidas cuentas nocionales. Bajo este sistema, el dinero de las cuotas va directamente a cuentas individuales, de modo que cada trabajador va acumulando cotizaciones durante su vida laboral y dependiendo de lo que haya acumulado esa será su pensión final. La tasa de sustitución en este país es del 93%, una de las más altas de las OCDE.

En España el sistema principal es de reparto con aportaciones a la Seguridad Social (4,7% del trabajador y 23,6% el empresario sobre el salario), la edad media de jubilación es de algo más de 64 años y la pensión media por este concepto se sitúa en 1.140 euros brutos mensuales, por catorce pagas.

La tasa de sustitución neta (el porcentaje que supone la primera pensión que recibe un jubilado con respecto al último salario medio antes de retirarse después de impuestos y transferencias) en el caso del jubilado medio español es del 81,8%, uno de los ratios más altos de toda la OCDE.

Algunas de estas propuestas chocan frontalmente con la ideología basada en que “las pensiones tienen que ser públicas al 100%”, una rémora con la que los partidos filocomunistas lastran al desarrollo de fórmulas más imaginativas.

Otro de los argumentos en contra es que “con los sueldos actuales, es imposible afrontar un plan de pensiones privado”. Es posible que algo de razón lleven quienes así opinen, pero en todo caso, dependería de otras decisiones que adoptara el Estado, como beneficios fiscales, o exenciones, por ejemplo.


Intervención de Ana Oramas, de Coalición Canaria en el Congreso (ver vídeo)

[1] Jorge Campany – 12/03/21

[2] El Economista – Enric Cuartas 18/10/2019

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