Niños robados

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Por alguna desconocida razón el asunto de los niños robados durante décadas en España nunca se ha abordado desde una perspectiva de Estado. Antes, al contrario, se ha preferido tapar con un espeso manto todo lo ocurrido e incidir más en las cunetas de los caminos, carreteras y en las fosas comunes, fruto de la guerra civil, aunque, como suele ser habitual entre los promotores de estas causas, sólo parecen interesar las víctimas republicanas, olvidando los miles de asesinados por los llamados rojos, como el padre de mi ex suegra, que fue fusilado en Manresa por ser católico y músico.

Las películas que reciben subvenciones hablan siempre de lo mismo y lo hacen de una manera torticera y partidista, pero a nadie se le ha ocurrido plantear una investigación acerca de las implicaciones y más que posibles delitos en los que pudieron incurrir diversas organizaciones, profesionales y funcionarios, colaborando en ocultar tanto el delito como la identidad de las víctimas y de los autores. Se trata de un encubrimiento a nivel estatal.

Llama la atención que ninguno de los 23 ministerios, que tenemos que mantener onerosamente, se le haya ocurrido nunca la feliz idea de desenterrar toda la suciedad alrededor de este asunto y de revelar los nombres de quienes participaron en semejante pillaje. También es de destacar que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, no haya dado instrucciones a ninguno de sus lacayos para iniciar una investigación de facto, a pesar de que su actual pareja sentimental, el ex juez expulsado de la carrera judicial por prevaricador, Baltasar Garzón, reclamara en su día «la obligación de investigar estas desapariciones, sustracciones y cambios de identidad registradas durante la dictadura». Tampoco nuestra insigne ministra de Igualdad y ex cajera profesional de supermercado, Irene Montero, parece mostrar inclinación alguna por intentar arrojar luz sobre este asunto y dar a las víctimas, es decir, a los niños y niñas que fueron arrancados a sus padres biológicos, el derecho que tienen como todos los demás, a conocer su origen y circunstancias. Eso sí es igualdad, en eso sí deberíamos asignar un presupuesto.

Este atentado a todos los derechos que todo ser humano tiene por el hecho de nacer, tuvo su apogeo durante la época franquista nada más terminada la Guerra Civil. Algunas fuentes (diario El Plural) hablan de 30.000 niños robados sólo entre 1944 y 1954, fundamentalmente a mujeres republicanas y encarceladas. Según parece, una profunda ola de compasión y misericordia impulsó a organizaciones católicas (monjas), hospitales, médicos, funcionarios y enfermeras, a participar en un masivo proceso de tráfico de seres humanos desvalidos en favor de quienes se consideraban mejores seres humanos y más adecuados, que sus propios padres biológicos. Al fin y al cabo, ¿qué porvenir les esperaba a aquellos niños, hijos de comunistas, republicanos y madres encarceladas en las prisiones franquistas? De esta forma, y durante décadas – se habla que los casos más numerosos ocurrieron entre 1963 y 1970, aunque hay casos que llegan hasta los años 90 – se fue perpetuando la preeminencia de un concepto de superioridad racial, sobre unas clases sociales que no sólo eran económicamente más desfavorecidas, sino que también lo eran desde un punto de vista ideológico, según el propio criterio de los traficantes. De esta forma y con el beneplácito y la complicidad de todos los culpables, se instauró asimismo la impunidad con la que se les permitió actuar.

Pero, aunque en un principio pudo basarse en un falso argumento de “salvación de almas perdidas”, con el paso del tiempo se convirtió en un negocio, puro y duro. Bastaba que una familia acomodada, – de derechas, por supuesto -, y con dificultades o imposibilidad de engendrar, mostrara su interés por “adoptar” a una criatura cuya madre era soltera, pobre, inculta, comunista o tuviera cualquier otro “defecto”, para que la maquinaria se pusiera en marcha. Las madres no tenían recursos culturales ni económicos. Eran solteras, jóvenes indefensas que se resignaban cuando les decían que el niño había muerto. Enfrente los adoptantes de buena fe y a los que miraban hacia otra dirección, que pagaban por los niños, por gastos médicos y papeleo burocrático. Todos son culpables; más, los intermediarios que se enriquecieron con cargo a la miseria y a la necesidad.

Si al leer hasta aquí te has sentido asqueado o escandalizado, no olvides que ahora, en esta España del siglo XXI en la que mantenemos un ministerio de Igualdad, ahora mismo, tenemos dos Comunidades Autónomas – Valencia y Baleares – en las que algunas menores de edad y bajo la tutela y protección del Estado, han sufrido abusos y violaciones y han sido obligadas a ejercer la prostitución. En estos casos, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tampoco considera necesario investigar ni actuar de ninguna forma.

Hoy en día se incide en los medios de comunicación, sobre las investigaciones que se van a desarrollar dentro de la Iglesia católica en orden a esclarecer las denuncias por abusos a menores. Una vez más, metemos el dedo en el mismo ojo de siempre olvidando que tenemos otro al lado. Me parece una excelente idea que se investiguen estas denuncias y se castigue a los culpables, pero no es de recibo que se obstaculice – como se está haciendo – la investigación de las menores de Valencia y Baleares objeto de los mismos delitos. Eso, ni es justicia ni es igualdad.

Carlos Usín

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