Los indultos.

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La figura del indulto en España se basa en la Ley de 18 de junio de 1870, promulgada por el entonces Ministerio de Gracia y Justicia.

Representa la extinción de la responsabilidad penal, reconocida en el artículo 130.4 del Código Penal, que supone el perdón de la pena, no del delito, que constituye una renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado, fundada en razones de equidad, oportunidad o conveniencia pública.

El indulto puede ser total o parcial. Será total si se trata de la remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido el delincuente. Será indulto parcial si se trata de la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas en que hubiese incurrido y no hubiese cumplido todavía el delincuente.

Para la concesión del indulto existen una serie disposiciones que incluyen desde quienes pueden ser indultados a quién puede solicitar y aprobar el indulto y los motivos que mueven a concederlo.

Sirva este preámbulo para introducir el tema del que hoy quiero hablar y que se refiere a la discrecionalidad y – en demasiadas ocasiones-, el abuso por parte del Ejecutivo a la hora de ejercer su poder en relación a esta figura penal.

El indulto, tal y como yo lo veo, es una puerta de escape a un sistema judicial que, después de actuar, ha sentenciado a un delincuente. En este sentido cobra mayor relevancia la imagen de la justicia representada por una figura femenina – salvo que alguna cretina de las de siempre proteste ahora – con los ojos vendados y con una balanza en su mano. Como en ocasiones el ejercicio de juzgar a alguien puede acarrear errores de diversos tipos, me parece buena idea la de abrir una puerta por la que el condenado pueda beneficiarse legalmente de las ventajas de un sistema garantista y así, subsanar los posibles errores, defectos de forma, y demás circunstancias que pudieran haberse dado en su proceso condenatorio. En nuestro ordenamiento jurídico es preferible un culpable suelto que un inocente preso. Esta filosofía, contrasta sobremanera con la de otros países – no voy a dar nombres – en donde primero los fríen o los inyectan y luego dicen: “Uy, qué fallo, que era inocente”.

Por otro lado, en el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se dice:

La necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como justas.

Y es este párrafo en el que, a mi entender, los gobiernos en general y éste de Sánchez en particular, realizan un abuso de su autoridad otorgando el indulto a quien, en opinión de muchos, no debiera. Con ello y probablemente sin pretenderlo, actúan justamente en la dirección contraria cuando habla de: un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como justas.

No es así como los ciudadanos tomaron en su día la decisión unilateral del gobierno de indultar a los independentistas catalanes, por ejemplo. Es más, hay datos objetivos que abundan en la idea de que este tipo de indultos tienen que ver más con la política que con la justicia. Así, por ejemplo, Pedro Sánchez sólo dio el indulto con informes desfavorables a los líderes del ‘procés’ y se lo denegó a otros 1.569 presos. Es evidente que, en la categoría de presos, tampoco somos iguales todos los españoles. Ya somos conscientes de que no somos iguales ante la ley, pero si tampoco somos iguales a la hora de cumplir condenas, podemos ir apagando y marcharnos.

Llegados a este punto hay que recordar que, durante el juicio a los golpistas, la fiscal general del Estado obligó a los abogados del Estado del caso a modificar la calificación de los hechos y pasar de “rebelión” a “sedición” y con ello, de entrada, las penas de prisión eran considerablemente menores. Este atropello jurídico, supuso la dimisión de Eduardo Bal y su inmediata entrada en Ciudadanos. El resto de abogados del Estado fue, simplemente, defenestrado.

Sobre este asunto conviene recordar que, en un informe que respaldan los seis magistrados del Supremo que impusieron a los acusados penas de hasta 13 años por delitos de sedición y malversación, la Sala de lo Penal destaca que no existen motivos de justicia, equidad ni utilidad pública en la medida de gracia

Incide, además, no solo en la falta de arrepentimiento de los penados, sino también en su intención de reincidir, que han manifestado en distintas ocasiones. «No hay la más mínima prueba de arrepentimiento».

No es precisamente justicia y equidad el poso que ha dejado en la mayoría de la población todo este conjunto de actuaciones en relación a este asunto. Tal vez por eso mismo, el Tribunal Supremo ha dado marcha atrás a la decisión que tomó en su momento y revisará los decretos con los que el Gobierno de Pedro Sánchez indultó a los nueve condenados por el ‘procés’ que estaban cumpliendo pena de prisión por el delito de sedición. Aunque los indultos eran parciales, esto les permitió obtener la libertad. No se anularon, en cambio, las penas de inhabilitación, lo que impide que vuelvan a desempeñar cargos públicos hasta que termine el cumplimiento de las condenas (en la mayoría de los casos, hasta diez años).

Pero el tema de los indultos es amplio y va mucho más allá del ambiente estrictamente político. Ahora nos adentraremos en el proceloso mundo de los secuestros parentales, las condenadas por sustracción y posteriormente indultadas. Y hablo en femenino porque no hay hombres en su misma situación de privilegio.

El último caso aparecido en la prensa es el de María Sevilla, presidenta de la Asociación Infancia Libre, que mantuvo a su hijo aislado en un pueblo de Cuenca durante poco más de un año.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido el indulto parcial a la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, que fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de sustracción de menores. El indulto rebaja esta pena a dos años de cárcel a pesar de no mostrar arrepentimiento de sus delitos” (OKDIARIO)

Otro caso mediático fue el de Juana Rivas, en el que el Gobierno reconoce por escrito haber tenido trato de favor con Juana Rivas al concederle la libertad.

“En julio de 2018 Rivas fue condenada a 5 años de prisión por un juzgado granadino. Más tarde esa condena la ratificó la Audiencia Provincial, pero la matizó el Tribunal Supremo, que la dejó en dos años y medio. Aun siendo la mitad de la condena original, Rivas tenía que ingresar en prisión al sobrepasar los dos años de pena.”

“Fue en ese momento cuando el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez movió ficha en forma de indulto parcial, reduciendo así la condena de Rivas a 15 meses por obra y gracia del Gobierno de España. El 11 de junio de 2021 Rivas ingresaba directamente en Tercer Grado o semilibertad, condición que tuvo que soportar escasos seis meses porque el 17 de diciembre Instituciones Penitenciarias la mandó a su casa con una pulsera telemática. El problema es que, con la norma en la mano, Rivas no tenía derecho a ese cambio de grado, es más, su conducta en los seis meses que estuvo interna, lo que le debería haber valido, de ser una presa más, es justo lo contrario, una regresión del Tercer Grado que disfrutaba tras la medida de gracia del Gobierno.” (OKDIARIO)

Otra madre, también de la misma Asociación Infancia Libre, Patricia, fue condenada a dos años de cárcel por sustracción de menores. El fallo de la juez del juzgado de lo penal número 11 de Madrid, además condena a esta madre a cuatro años de pérdida de patria potestad de la niña.

En estos y otros casos en los que las delincuentes son las madres, la grotesca intervención de la ministra Irene Montero hace un flaco favor a la justicia, a la imagen del gobierno, a la de España y desde luego a las mujeres en general. Resulta muy preocupante que un miembro del gobierno aliente, promueva, defienda y aplauda, la realización de actos delictivos en defensa de una supuesta libertad de no se sabe quién y del posterior indulto a las delincuentes, siempre que estas sean mujeres.

Al mismo tiempo, las mujeres del gobierno, empezando por la nefasta Irene, guardan un estruendoso silencio en relación a las niñas bajo protección de los gobiernos de la C.A. de Valencia y Baleares, que fueron objeto de abusos sexuales

Tal vez, para entender mejor a qué se dedican esas madres de la Asociación Infancia Libre, haya que acudir a un informe de la Policía, según el cual y tras una larga investigación, se detectaron más de 50 casos como los descritos más arriba por parte de esta Asociación que asesora a PODEMOS (ver AQUÍ).  La investigación dio lugar a un extenso informe en el que se llegaba a calificar a la asociación Infancia Libre como una «organización criminal». De donde se deduce que una organización criminal, asesora al gobierno. Interesante.

Así es que, a día de hoy, junio de 2022, España es un país en el que un asesino de ETA, condenado a más de trescientos años de cárcel por asesino, puede pasear tranquilamente por la calle después de haber cumplido unos veinte de prisión. Disfrutar de los mismos bares y vivir en el mismo barrio en el que viven los descendientes y familiares de sus víctimas asesinadas con una bomba o un tiro en la nuca.

España es un país en el que puedes dar un golpe de Estado y proclamar la República Independiente de Tomelloso, que al final no pasa nada. Es más, cuando estás en la cárcel por golpista, va a visitarte el VP del Gobierno (Pablo Iglesias) para negociar los Presupuestos Generales del Estado.

Y si eres una madre y se te pone en el moño secuestrar a tu hijo sólo para fastidiar al padre, tranquila. Puedes estar asesorada por una asociación, que a su vez asesora a un partido que forma parte del gobierno, y después de varios meses o años, al final te castigan sin postre y aquí paz y después gloria.

¡Para eso están los indultos!

Han cumplido más años de prisión Tejero y los demás, con el mismo número de muertos, que Junqueras y los suyos. Y los desórdenes ocasionados por uno y otro no son ni comparables.

©  Carlos Usín

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