La Fiscalía al rescate del gobierno.

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La Constitución española de 1978, establece en su Artículo 124

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
   1. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
   1. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
   1. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

 Y como dice el refrán “del dicho al hecho, hay mucho trecho”.

Nunca antes, en la breve historia de nuestra democracia, ha levantado tantas críticas y tantas ampollas, las actuaciones de la figura del Fiscal General del Estado. Probablemente porque nunca antes, dicho puesto de máxima relevancia en nuestra democracia, fue asignado a un Ministro de Justicia en ejercicio, que tuvo que dimitir para aceptar el nuevo puesto. Eso, no es solamente una rareza jurídica, es una auténtica aberración. Pero lamentablemente, ni es la primera, ni por desgracia, sospecho que será la última, de un gobierno que cada día nos sorprende con alguna astracanada de este tipo.

Históricamente, la figura del Fiscal General del Estado, ha recaído en profesionales de amplia trayectoria y reconocido prestigio, algo que, en el caso de la actual inquilina, es bastante más que discutible. Su trayectoria profesional se centra en haber trabajado en la Fiscalía Especial Antidroga y en la lucha contra el terrorismo yihadista. Ese es todo su bagaje profesional en su haber. A no ser que consideremos que ser “la churri” del ex juez Baltasar Garzón, cuente como mérito. Curiosamente, drogas y terrorismo, eran las dos especialidades del ex juez, que recordemos, fue condenado a 11 años de inhabilitación al desempeñar el papel de Charles Bronson en la película “Yo soy la justicia, segunda parte”.

Y ya que ambos están íntimamente unidos en lo personal y en lo profesional, expliquemos algunos aspectos del ex juez y tal vez así, podamos entender mejor el comportamiento de su churri al frente de la Fiscalía General del Estado.

Garzón entre otros “éxitos” le cabe la gloria de haber instruido de modo nefasto la causa contra la mafia de la droga en Galicia, la operación “nécora”, que en definitiva supuso la puesta en libertad de los 30 acusados.

Otra operación, ésta en el terreno del terrorismo, está directamente relacionada con el llamado caso Faisán.

Para los que lo hayan olvidado, el caso Faisán se refiere a una operación que iba a llevar a cabo la Guardia Civil, encaminada a detener al dueño de dicho bar en la localidad de Irún, por ser colaborador del aparato de captación de fondos para ETA. La operación acabó en fracaso porque el dueño recibió un chivatazo desde dentro de la policía. Baltasar Garzón, era el encargado de instruir la causa, pero se debió olvidar de ella y estuvo durmiendo el sueño de los justos en algunos de sus cajones de su despacho, hasta que su sucesor, Pablo Ruz, le quitó el polvo y se puso a trabajar. Cabe destacar que, en este caso, un testigo protegido del caso ha afirmado en repetidas ocasiones ante la justicia, que el propio dueño del bar, Joseba Elosua, hablaba de Garzón como “de un amigo”.

Eran los tiempos en los que el indigno Rodríguez Zapatero, estaba negociando con ETA y al propio Garzón se le ocurrió la feliz idea de declarar públicamente que “la justicia debe acomodar sus pasos a la marcha de la política”, como dando a entender que la justicia en ocasiones actúa y en otras, simplemente se queda mirando, porque ello debe interesar al gobierno de turno.

Sirvan estas dos pinceladas para dibujar el perfil de un individuo que se valió de su toga para ejercer de modo despótico y arbitrario, una profesión que se supone debería buscar la verdad y por los medios legales establecidos. Lamentablemente, su comportamiento a lo largo de su carrera, ha dado sobradas muestras de estar mucho más cerca de Robespierre que de Salomón. El propio Jiménez Losantos afirma que, desde su llegada a la Audiencia Nacional, la justicia en España, está herida de muerte. Y la historia parece darle la razón.

Pero volvamos a su churri, a la Loles.

Antes hablaba de que entre sus méritos no había demasiado donde elegir para hacerla digna de semejante privilegio. No ocurre así con la interminable lista de errores, cuando no directamente de infamias y aberraciones jurídicas. Vamos a ver algunos ejemplos, aunque la relación no siga necesariamente, un orden cronológico.

La sentencia del 1-O.

El fiscal del Tribunal Supremo, Fidel Cadena junto a Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, mantuvieron la acusación inicial de rebelión contra los líderes golpistas del 1-O en Cataluña, quienes supieron resistir las presiones a las que fueron sometidos para que rebajaran sus calificaciones. Todos ellos en mayor o menor medida, han sido apartados, defenestrados o purgados, por mantener sus criterios profesionales, contrarios a los políticos defendidos por el gobierno marxista que tenemos los españoles.

A esta honorable lista, hay que añadir otro nombre, el de Edmundo Bal, el abogado del Estado que fue cesado por el Gobierno justo antes de que comenzara el juicio del procés por defender la acusación de rebelión y negarse a calificar los hechos de sedición, que comportan unas penas menores. En la tarde del miércoles 21 de noviembre de 2018 recibía la noticia de su cese por boca de la abogada general, Consuelo Castro, que contaba con el visto bueno de Dolores Delgado, por entonces Ministra de Justicia.

Los abusos a menores tutelados en Baleares.

El tema no parece que tenga la suficiente entidad ni gravedad como para que la Fiscal General del Estado adopte medida alguna encaminada a investigar los hechos denunciados, en los que varias niñas, bajo la tutela del Consell de Menorca. Es más, en el Parlamento balear, tanto PSOE como Més como Podemos, votaron en contra de la creación de una comisión de investigación de estos hechos.

Las maletas de Venezuela.

Por si alguno se ha perdido, el caso es que un día, aterriza de madrugada un avión procedente de Venezuela con una enviada de Maduro. Y para recibirla mandan al tonto de turno, al gordo del Ábalos.

Para empezar, ese avión tenía prohibido tocar territorio europeo, como consecuencia de las sanciones que la UE ha impuesto a ese país por no respetar los derechos humanos.

Ábalos, en principio, niega la existencia de dicho avión. Bueno, en realidad, va negando sucesivamente hasta en siete ocasiones distintas, las diferentes versiones que él mismo da y que posteriormente, son desmentidas con pruebas documentales y testigos presenciales. Así es que, a medida que el gordo va diciendo que “no” a algo, sale alguien y demuestra que “sí”.

Al final ha quedado demostrado, que la enviada de Maduro, Delcy Rodríguez, llegó a Barajas con docenas de maletas, ninguna de las cuales pasó por la aduana y se sospecha que pudieran estar repletas de dinero sucio para financiar al gobierno marxista de España.

Algunas consecuencias:

• El Guardia Civil que estaba a cargo de la aduana de Barajas en ese momento, ha sido nombrado Director Adjunto Operativo, después de sucesivos ceses y dimisiones que se produjeron en la Benemérita.
• El guardaespaldas del gordo, testigo presencial de toda la operación, ha sido ascendido a consejero de ADIF. Una carrera meteórica.

Al parecer estos hechos tampoco revisten la necesaria importancia como para que la Loles, se moleste en investigarlo.

El 8-M

La Loles no ve oportuno, ni conveniente ni necesario investigar sobre si los cientos de manifestaciones que se produjeron el 8-M en España, pudieron ser una de las causas por las que se contagiaron – y murieron – miles de españoles.

Como consecuencia de esas dudas que surgieron en su momento, un juzgado ordenó investigar a la Guardia Civil.

El coronel Pérez de los Cobos, fue cesado fulminantemente, en domingo y por teléfono, por el amigo de la Loles, “el maricón” de Marlaska.

La causa principal de la destitución de Pérez de los Cobos sería haberse negado a facilitar a Interior datos sobre el informe que se había elaborado por petición de un juzgado sobre si hubo prevaricación o no al permitir la manifestación del 8-M, algo que no se puede hacer al estar trabajando sus subordinados como policía judicial. También, en menor medida, por la polémica en torno a la seguridad en la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero.

El Director Adjunto Operativo (DAO), el general Laurentino Ceña, presentó su dimisión. La decisión del general, que se encontraba a punto de abandonar el cargo para jubilarse, se debió al fuerte malestar que generó en el seno de la Guardia Civil el cese fulminante del Jefe de la Benemérita en la Comunidad de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que tomó el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de manera unilateral y sin avisar al cuerpo.

A pesar de la importancia que tuvo permitir dichas manifestaciones, escasamente una semana antes de decretar el Estado de Alarma, la Loles, dice que no hay que investigar nada.

La Caja “B” de PODEMOS.

Ante la más que probable financiación ilegal del socio de gobierno, la Loles también ha decidido que no es suficiente como para iniciar una investigación para aclarar si es cierto o no.

Y para no aburrir al personal, terminaré los ejemplos aquí. Basten para intentar ilustrar la calaña de la que está hecha la Loles y cómo encaja perfectamente con la del ex juez, quien después de haber sido expulsado de la carrera judicial, se ha pasado al lado oscuro de la Justicia y se dedica a defender los intereses de los más despreciables individuos relacionados con el tráfico de drogas y demás negocios sucios en todo el mundo.

Toda esta actitud contrasta sobremanera con el entusiasmo sin límites para investigar el caso Kitchen del PP. Al parecer, eso es muchísimo más importante que el que unos delincuentes, con antecedentes penales por corrupción de menores y delitos contra la salud pública, podrían haber drogado y abusado sexualmente de menores con las que contactaban en diversos parques de Menorca. Es comprensible.

Tal y como dijo el prepotente y mentiroso compulsivo del presidente:

“¿De quién depende la Fiscalía? Pue eso.”

Y luego se permite el lujo de increpar a Casado acusándole de incumplir la Constitución porque se niega a llegar a acuerdos para renovar el CGPJ, que es el único objetivo del Dr. Fraude.

No tenemos demasiada Justicia en España, pero hemos llegado a tal extremo que debemos rezar para no perder más. Si el CGPJ cae en manos marxistas, tendremos que despedirnos para siempre de la democracia tal y como la hemos conocido. Ellos son nuestros últimos de Filipinas.