Acoso a la Justicia

Confieso que durante bastante tiempo – probablemente más del debido – mi ingenua inocencia me llevaba a pensar que los árbitros de fútbol eran ecuánimes y objetivos. Que podían equivocarse pero que no lo hacían de mala fe. Por alguna extraña concomitancia de índole freudiana que seguramente tiene que ver con el desempeño del poder, pensaba exactamente lo mismo acerca de los jueces. Los de la toga, no los de línea.

A medida que fue pasando el tiempo, fui madurando, al tiempo que cada vez con más firmeza, alejaba de mí esa imagen dulzona y absolutamente estúpida, de pensar que “to er mundo e güeno”. Y de esa ingenuidad pueril he pasado a sostener la teoría que esto está lleno de hijos de Satanás. Y que conste que no lo digo por el VAR, que también. Me estoy refiriendo a la impúdica lucha sin cuartel por intentar dominar el CGPJ y en general, a la Justicia, con mayúsculas.

Porque, aunque ahora mismo se esté dando una batalla para controlar el órgano de los jueces, en el fondo, estamos inmersos en otra guerra, mucho más amplia, que tiene tintes totalitarios, fascistas y, en cualquier caso, preocupantes. Porque es muy preocupante y al mismo tiempo sintomático, que el común de los ciudadanos sepamos de antemano cómo va a terminar una investigación judicial – con imputación o sin ella-, sobre ciertos personajes y cómo va a terminar sobre ciertos otros. Y a eso, es imposible que se le llame Justicia.

Es imposible que haya justicia cuando al frente de la Fiscalía, colocas a una tiparraca que tiene carné del partido del gobierno y que, de hecho, ha sido ministra con ese mismo gobierno. Pero es que hay más. La susodicha, es pareja sentimental de un ex juez, al que echaron de la carrera judicial por creer que la justicia estaba a su merced para cubrir los objetivos que él se hubiera fijado en cada momento. Y por si todo esto no fuera suficiente, el propio presidente del gobierno, alardea en plan chulesco cuando dice “¿De quién depende la Fiscalía? Pue eso”. Por si no nos había quedado claro.

Sobre esta parejita ya escribí en su día en este mismo foro

La Fiscalía al rescate del gobierno.

Ahora, a este “selecto” grupo de jueces marxistas, se les unen otros dos ejemplares que no les andan a la zaga: José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Estudiemos un poco sus andanzas para conocer mejor el cariz que están tomando las cosas en la Justicia.

(Fuente: Infolibre y Libertaddigital)

El juez De Prada, fue el artífice de la famosa moción de censura que consiguió derrocar al Gobierno de Mariano Rajoy y llevar a Pedro Sánchez a La Moncloa. De Prada tumbó al Ejecutivo del PP con la sentencia sobre la primera época del caso Gürtel en la que cuestionó la «credibilidad» del propio Rajoy y en la que los populares fueron condenados a pagar 245.000 euros de multa como partícipes a título lucrativo de la trama corrupta.

A destacar varios aspectos de esta actuación.

1. El juez De Prada junto con su colega Julio de Diego López, obligaron a Mariano Rajoy a acudir personalmente a testificar, siendo presidente del Gobierno, algo hasta ese momento, inédito en España, lo que a todas luces fue un exceso de poder por parte de los jueces y una humillación inferida al, en ese momento, todavía presidente Rajoy.
2. Los comentarios vertidos en la sentencia por parte de De Prada, sirvieron como excusa a Pedro Sánchez, a la sazón ciudadano sin más – le habían echado de la Secretaría General del PSOE y había renunciado al acta de Diputado – para presentar una moción de censura contra el gobierno del PP, que terminó como todos sabemos: con la inestimable ayuda del PNV que había estado negociando con Rajoy unas semanas antes cómo arrancarle 800 millones más. Una vez obtenidos los millones, decidieron subirse al carro de un gobierno débil que les iba a necesitar.
3. Tras la llegada al poder por la puerta de atrás de Pedro Sánchez, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluye que la argumentación que hizo el magistrado José Ricardo de Prada sobre la presunta caja B del PP en la sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel no era «absolutamente necesaria» y su imparcialidad para juzgar la supuesta contabilidad opaca del partido ya está «comprometida». El daño, ya estaba hecho.
4. La propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidía posteriormente apartarle del juicio de la caja B del PP al considerar que ya entró a valorar los hechos en la sentencia que dictó sobre la primera época del caso Gürtel(1999-2005). Tras denunciar varios medios de comunicación sus maniobras en la citada sentencia, De Prada pidió amparo al CGPJ ante lo que consideraba una campaña que le había convertido en «chivo expiatorio». Tras estudiar su caso, el Gobierno de los jueces se negó a darle amparo.

Dada su inequívoca trayectoria profesional y el cariz tanto de sus comentarios como de sus propias sentencias, existen motivos más que suficientes para considerar al juez De Prada un Trotskista o Estalinista.

Especialmente polémicas han sido sus decisiones judiciales relacionadas con el terrorismo de ETA o de los CDR en Cataluña. Además, fue uno de los magistrados que apoyó públicamente a Baltasar Garzón cuando fue juzgado en el caso de las escuchas ilegales en Gürtel por lo que fue finalmente inhabilitado como juez.

Como se ve, se cierra el círculo. La Loles de Fiscal, su churri el Garzón, pululando como una mosca alrededor de la miel por las fronteras de la justicia en España; De Prada allanando el camino del Dr. Fraude a la Moncloa y ahora, la Moncloa, quiere recompensar sus esfuerzos y su marxismo militante con un puesto en el CGPJ.

En 2011, De Prada justificó el chivatazo a ETA en el ‘caso Faisán’ porque, según su criterio, se produjo en un contexto de negociación que el Gobierno socialista mantenía con la banda terrorista y porque sus autores fueron policías que seguían órdenes. Aseguró literalmente que el chivatazo fue una «acción de oportunidad y eficacia discutible, pero, en todo caso, tendente a evitar de una u otra manera futuras acciones terroristas».

Esta tesis, era exactamente, punto por punto, la que defendía Garzón, instructor del caso, churri de la Loles y colega de militancia comunista.

Más ejemplos del talante “progresista” del individuo.

En una ocasión rechazó condenar a un joven que había realizado una pintada a favor de ETA descartando el delito de enaltecimiento de terrorismo porque se trataba de un «texto inacabado de contenido interpretable».

Durante un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid afirmó incluso que las penas a etarras eran «altas y desproporcionadas».

La Asociación de Víctimas del Terrorismo AVT le denunció ante el Consejo General del Poder Judicial por afirmar que en España «las torturas se han producido de forma clara». Dichas acusaciones las realizaba en una mesa redonda organizada por el Ayuntamiento de Tolosa, compartida con el abogado de ETA, Íñigo Iruin, y bajo el título «Excepcionalidad jurídica en Euskal Herria». «Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho», añadía.

Más recientemente, en el caso del golpe del 1-O de 2017 fue el único de los 5 magistrados de su Sección que se posicionó en contra de mantener la prisión provisional para el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez y el presidente de Ómnium Cutural, Jordi Cuixart.

Además, anuló la prisión de 4 de los CDR arrestados por delitos de terrorismo, fabricación y tenencia de explosivos, y conspiración para causar estragos. Respecto a uno de ellos, aseguró queno almacenaba explosivos, sino «sustancias» para fabricarlos.

Por su parte, la juez Victoria Rosell es magistrada en excedencia de la asociación ‘progresista’ Juezas y Jueces para la democracia, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Llegó incluso a ser postulada como ministra de Justicia por la formación de Pablo Iglesias.

Desde su Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria, ha tenido diversos incidentes con los representantes del Ejecutivo de las islas a los que acusaba de trabajar para el PP.

También desarrolló funciones como juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros CIE de Gran Canaria. La Delegación del Gobierno y la Fiscalía la acusaron de practicar diligencias que excedían sus competencias. Llegó incluso a impedir la devolución a Marruecos de dos inmigrantes a pesar de que no era competente para ello.

Fuera de los Juzgados también ha provocado fuertes enfrentamientos por su soberbia. Siendo diputada de Podemos protagonizó una lamentable escena en el aeropuerto de Gran Canaria en el 2016. Se presentó en el mostrador de información de AENA «con actitud soberbia, solicitando que se le abriese la sala de autoridadesinmediatamente, para viajar a Madrid» en un vuelo que salía 45 minutos después.

El empleado del aeropuerto le explicó que, aunque fuera diputada no tenía derecho a usar esa sala, ya que «hay un protocolo de solicitud, que autoriza previamente la Delegación de Gobierno, siempre y cuando quien lo solicita tenga derecho a ello». La Guardia Civil le exigió que se identificara tras montar un enfrentamiento airado y Rosell le llegó a contestar «no me da la gana». Ella lo negó e intentó quitar hierro a la polémica que, sin embargo, fue captada por las cámaras de seguridad.

De esta ristra de ejemplos extraídos de la prensa, lo que cabe destacar, por encima de cualquier otra consideración, es la infinita soberbia con la que los marxistas-leninistas-estalinistas-trotskistas, se mueven por el mundo. La misma con la que los terroristas de ETA se movían por San Juan de Luz o Biarritz.

La prepotencia con la que actúan y se dejan oír, nos da una idea de lo que pudo haber sido en su día un estado como el soviético dirigido por los originales Stalin, Lenin, Beria, Jruchev y compañía. Si en estos días y con una libertad de prensa amenazada, pero todavía libre, con cámaras de seguridad que todo lo graban, con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que siguen siendo fieles a su papel, son capaces de comportarse de esta forma, no alcanzo a imaginar lo que sería si la presión a la que están sometiendo a la Justicia, terminara por romper el equilibrio inestable de fuerzas que actualmente la sostienen.

No es solamente la lucha por el CGPJ, es que es todo. Es la Fiscalía, el Constitucional, el Supremo, la forma de elegirlos. Y si en algún momento llegaran a controlarlo todo, que nadie tenga la más mínima duda que terminaríamos como Venezuela, aprobando leyes inasumibles, persiguiendo a los “enemigos del pueblo”, traicionando la voluntad democrática y al fin, alzándose con el poder omnímodo que es el que persiguen desde 1917.

No se puede, no se debe negociar nada con esta gentuza. Son lobos con piel de cordero y cuando alcancen sus objetivos totalitarios, ya no tendremos posibilidad de volver atrás. Salvo con sangre, como siempre. La historia debería enseñarnos que así ha sucedido en todos los países donde se implantó esta filosofía criminal. Sin excepción.

Ahora que se ha establecido una lucha sin cuartel por dominar el CGPJ algunos sugieren que tal vez sería bueno que regresáramos al sistema que había en 1985, cuando Felipe González cambió el sistema de elección de los jueces. Antes de eso, eran los propios jueces quienes elegían entre sus colegas quién debería ostentar el cargo.

Pero visto lo visto, y aunque no comparto que sean los partidos políticos quienes manoseen la Justicia con sus negociaciones, me parece que sería todavía peor que una pandilla de togas execrables, decidiese ir coronando poco a poco todos los resortes del aparato judicial del Estado, extendiéndose como un cáncer en su fase de metástasis o como una mancha de chapapote: negra, apestosa y pastosa, que no se limpia con nada y que todo lo que toca lo mata.

¡Qué decepción! Los que tienen que impartir justicia, se dedican a aplicar sus principios ideológicos y no la ley, a la que reinterpretan en función de aquellos y cuando no les sirve, la cambian a su antojo.

Lo peor de todo es que no veo que la sociedad sea consciente de lo que está en juego. Da la impresión que esta batalla es algo “de los políticos” que no afecta a los ciudadanos y me temo que ese es otro punto a favor de los asaltantes: el convertir en algo fútil, casi invisible, algo tan importante como luchar por la justicia. Reduciendo esta batalla a una aparente lucha de poder y de influencia dentro del CGPJ, se da la sensación de que el asunto es sólo cosas de partidos, del PP, de algo que, a los ciudadanos normales, les aburre. Y no se dan cuenta de la que se nos viene encima.

Sin justicia, sin ley, no somos nada.